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2 de Julio de 2010
|COMUNICADO DE PRENSA|
DIP. ADRIÁN CAMPS
PARTIDO SOCIALISTA AUTÉNTICO
BLOQUE PROYECTO SUR
LA LEGISLATURA APROBÓ UN BENEPLÁCITO
POR EL PROCESAMIENTO A CAVALLO
POR LA VENTA DEL PREDIO DE LA RURAL
La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó anoche una declaración manifestando su beneplácito ante el fallo del Juez Federal Sergio Torres, quien procesó por el delito de peculado y embargó en 10 millones de pesos al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, concretada en 1991. La operación no sólo se realizó a precio vil sino violando la Constitución Nacional.
Los terrenos en pleno corazón del barrio de Palermo fueron vendidos por 30 millones de pesos, mientras que los peritos de la Corte Suprema de Justicia lo valuaron luego, ante un pedido del juez, en un piso de 131.800.000 pesos-dólares.
El legislador del Partido Socialista Auténtico -integrante del bloque Proyecto Sur-, Adrián Camps, autor del proyecto, señaló: “El fallo del juez abre la posibilidad para que se decrete la nulidad de la venta del predio de Palermo y sea reintegrado al Parque 3 de Febrero. Además, la declaración aprobada en la legislatura da por tierra con el proyecto de Mauricio Macri que pretende habilitar a la Sociedad Rural para que construya un estadio para 12.000 personas en los terrenos en litigio”.
El año pasado, el Poder Ejecutivo Porteño envió un proyecto de Ley para modificar el Código de Planeamiento Urbano a fin de construir en el Predio Ferial de Palermo un Centro de Convenciones internacional, que es en realidad un estadio multipropósito para 12 mil personas-.
Como la SRA es una sociedad sin fines de lucro, después de la operación de compraventa había armado la empresa “la Rural de Palermo Sociedad Anónima” con fines comerciales para construir un centro internacional de exposiciones y congresos con áreas de entretenimiento, gastronomía y cines. Para llevar a cabo el proyecto, esta empresa se asoció con la norteamericana Ogden Argentina y solicitaron un préstamo de más de 100 millones de dólares al Banco de la Pcia de Bs As (durante la administración Duhalde). La obra (los actuales galpones) se ejecutó con permiso del GCBA (administración De La Rúa), pero violando el Código de Planeamiento Urbano. No se concluyó debido a las denuncias presentadas por asociaciones vecinales de la zona, que hicieron públicos los delitos cometidos hasta esa fecha.
Una de las denuncias -la de la AALP sobre la venta ilegal violatoria de la Constitución Nacional- fue presentada en 1999 ante la Justicia, que además investigó la ilegalidad de las obras ya construidas. .
Desde octubre de 2002 el predio es explotado por La Rural S.A. -empresa de Francisco de Narváez-, quien sería el beneficiario directo del proyecto de ley macrista.
El Juez Torres también procesó al ex presidente y al ex secretario de la SRA, Eduardo de Zavalía y Juan Ravagnan respectivamente, y al ex presidente y al ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta; estos dos últimos, con roles distintos, entre otros.
Cabe aclarar que, a pesar de los años transcurridos, ni la SRA ni La Rural SA terminaron de pagar sus compromisos contraídos con el Estado Nacional -por la venta- ni con el BaPro (por el crédito).
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