Membres

Las autoridades del Ministerio nos explicaron la filosofía del nuevo proyecto de pliego de recolección de basura y limpieza que están próximos a enviar a la Legislatura, explicándonos también que era su propósito dar un vuelco histórico a la relación del Gobierno de la Ciudad con los Recicladores Urbanos puesto que iban a reglamentar a la brevedad la ley 992 y además iban a implementar un programa de Gestión Integral de Reciclado que, además de ordenar la actividad en beneficio de los vecinos y de la limpieza de la Ciudad, iba a otorgar a los recicladores (tanto en cooperativas como independientes) una serie de beneficios largamente pospuestos por las anteriores administraciones. Nos explicaron también que la política del Ministerio hacia los Recicladores iba a ser de inclusión y de cooperación y que los Recicladores ibamos a ser los principales operadores del proyecto de Gestión Integral de Reciclado. Que el cambio que prometían comprendía la separación total entre húmedo (basura) y seco (reciclable) y que en tal sentido era que mientras el húmedo iba a ser depositado en conteiners el seco sería separado domiciliariamente y en el caso de grandes generadores, clasificado domiciliariamente, y que las compañías que recolectaran el húmedo de los conteiners o de la calle serían diferentes de aquellas que hicieran la recolección diferenciada puerta a puerta del seco, ya separado y/o clasificado, teniendo siempre prioridad los recuperadores independientes o en cooperativas a fin de garantizar el trabajo de todos. También dijeron que para implementar este programa se iba a crear una Subsecretaría de Gestión Integral de Reciclado de la que dependerían tanto los recicladores urbanos, como las políticas y campañas de separación domiciliaria y recolección diferenciada.

Todas estas explicaciones nos parecieron razonables al igual que la actitud de los funcionarios al exponerlas, pero lamentablemente en los largos meses que lleva la gestión del Ing Macri a cargo del gobierno de la Ciudad no hemos visto cambio ni mejora alguna para la actividad de nuestros compañeros.

Los programas mejor intencionados y las teorías más maravillosas no nos demuestran nada, son sólo palabras, más o menos similares a las que, en su momento, dijeron otras autoridades del mismo Ministerio.

La única verdad es que desde que el Ing Piccardo asumió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público no hemos visto que se hiciera hasta ahora ningún movimiento para desarticular la mafia enquistada en la Dirección General de Limpieza, que opera desde hace muchos años y a la que los funcionarios macristas de la Subsecretaría de Higiene Urbana se adaptaron con sorprendente rapidez. Esta mafia, que además de ramificaciones en las empresas de recolección, cuenta con la complicidad activa de funcionarios de planta de la Dirección General de Limpieza y también con funcionarios designados por la administración macrista, es la que, diariamente y en directo perjuicio a los compañeros y compañeras cartoneros, desvía hacia negocios particulares el material reciclable producido por los grandes generadores, material reciclable que de acuerdo a la ley 992, a la ley 1854 y a las Resoluciones 50 y 808 pertenecen a los compañeros y compañeras y debería ser recolectados por los Recuperadores Urbanos independientes o enviada directamente a los distintos Centros Verdes. En lugar de esto, y pese a las muchas denuncias que en tal sentido hemos hecho en estos meses ante la Subsecretaría de Higiene Urbana, la mayoría de lo que es enviado a los Centros Verdes es basura, a veces mezclada con un poco de material reciclable.

Si el Gobierno macrista quiere que demos crédito a sus promesas y a sus explicaciones sobre las bondades del nuevo proyecto de pliego, lo primero que tiene que hacer es descabezar ésta mafia –todos conocen perfectamente los nombres de los responsables– y recuperar para los compañeros y compañeras de los Centros Verdes el material reciclable que producen los grandes generadores, tal como establecen las Resoluciones 50 y 808.

Cualquier otra cosa es más de lo mismo, palabrería vana y promesas incumplidas y las organizaciones abajo firmamentos no vamos a permitir que se sigan avasallando nuestros derechos ni los del resto de los compañeros, ni esperar más tiempo por el respeto y la dignidad que se nos debe.

Las cinco cooperativa y los cartoneros independientes de la Ciudad de Buenos Aires sufrimos todos los días la negligencia y corrupción de los funcionarios que están de la DGLIM en convivencia con algunos empresarios, la propuesta alternativa es que el MTE esta dispuesto a trabajar junto a las cooperativas para realizar la recolección diferenciadas de las resoluciones 808 y 50 poniendo la logística a nuestra disposición.

Como también señalamos que las 550 toneladas diarias que recuperan los cartoneros independientes es mucho más que lo que recuperan las empresas que trabajan para el gobierno y estamos en condiciones de demostrar que con honestidad, trabajo, ayuda mutua y a un costo mucho menor se obtienen mejores resultados de los que están ofreciendo estos “funcionarios” a nuestra sociedad.

Cooperativa El Ceibo Cooperativa Del Oeste Cooperativa Reciclando Sueños El Amanecer de los Cartoneros Cooperativa El Álamo MTE – Movimiento Trabajados Excluidos

RED HABITAT ARGENTINA "por una ley marco a nivel nacional"

MACRI CREO UNA CONTRIBUCION PARA EMPRESAS QUE FABRIQUEN O VENDAN PRODUCTOS QUE SE CONVIERTAN EN RESIDUOS El que produce envases tendrá que pagar Mediante un decreto que reglamenta la Ley de Basura Cero, el gobierno porteño obliga a las empresas a pagar un monto proporcional al daño ambiental que provoca el producto. Así, pretenden promover la reducción de residuos. Críticas de Greenpeace.

La recaudación de esa contribución, aseguran, financiará el sistema de gestión de residuos. Por Eduardo Videla La primera medida ambiental de la gestión de Mauricio Macri llegó esta semana, con la creación por decreto de una contribución económica que deben pagar los empresarios o comerciantes que pongan en el mercado productos que, con su uso, se conviertan en residuos. Es una suerte de ley de envases, sólo que no fue sancionada por la Legislatura sino que salió a la luz con la firma del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda, Juan Pablo Piccardo y Néstor Grindetti. La norma, que se basa en el principio “el que contamina, paga”, no establece el monto de las contribuciones, que se conocerán en aproximadamente dos meses. Los que deberán hacer frente a esas cargas serán los productores, importadores, distribuidores, intermediarios o el responsable de la puesta en el mercado de los productos. Greenpeace cuestionó la decisión: “Deberían preocuparse primero en recuperar el 80 por ciento de la basura generada en la ciudad, que es aprovechable, y luego gravar el 20 por ciento restante”, dijo Juan Carlos Villalonga. Tal como adelantó PáginaI12 hace dos semanas, el gobierno porteño puso en vigencia una “contribución” destinada a financiar el sistema público de gestión de residuos. Lo hizo como parte de la reglamentación de la Ley 1854, conocida como de Basura Cero, que propone la reducción paulatina de la cantidad de desperdicios que los porteños destinan a los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires. “El monto de esa contribución será fijada por una comisión, a partir de la evaluación técnica de los distintos materiales que está haciendo la Facultad de Ingeniería de la UBA”, dijo a PáginaI12 una fuente del ministerio. El funcionario aclaró que la carga no se impondrá sobre productos de primera necesidad ya que –admitió– “el costo puede ser trasladado a los precios”. Aunque la reglamentación de la ley de Basura Cero establecía que el régimen para los envases debía ser fijado por una ley aprobada por la Legislatura, el ministro Juan Pablo Piccardo resolvió eludir ese camino “para esquivar la presión de los lobbies de las cámaras de empresas productoras de envases”, explicaron sus voceros. A esos mismos grupos atribuyen, en el gobierno porteño, la parálisis que afecta al proyecto de ley nacional de envases, en el Congreso. El decreto 760/08, firmado el miércoles último, dispone una nueva reglamentación para el artículo de la ley que se refiere a productores, importadores o comercializadores que pongan en el mercado “productos que con su uso se conviertan en residuos”. La deliberada omisión de la palabra “envases” abriría la posibilidad de que la administración pudiera sancionar con una “contribución”, por ejemplo, a “los supermercados que distribuyen bolsas que no se degradan y otra carga aún mayor a las que están pintadas con la marca del comercio, pues la pintura está considerada como altamente tóxica”, aseguran en el ministerio. Otro de los objetivos de la norma son las empresas productoras de papel y cartón. “Son cinco empresas que les compran la materia prima a los cartoneros porque les sale mucho más barata que importarla. No pagan cargas sociales ni impuestos, y la ciudad tiene que hacerse cargo de la logística, pagando los camiones que reemplazan al Tren Blanco”, dijo a PáginaI12 el jefe de Gabinete de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón. Los promotores de este decreto están convencidos de que, como consecuencia de esta suerte de impuesto al envase, los generadores tratarán de reducir el packaging de sus productos de manera de disminuir el impacto ambiental y, por lo tanto, la contribución que deben pagar. “Es más una herramienta para reducir la generación de basura que para recaudar”, confían. Lo recaudado en concepto de “contribución” está destinado a financiar el Sistema Público de Gestión de Residuos. Esa contribución se recaudará a través de un depósito en una cuenta especial que abrirá el Ministerio de Hacienda. La autoridad de aplicación de este decreto es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que será el encargado de establecer el monto de las contribuciones, establecer excepciones, administrar los fondos generados y “diseñar planes, programas y proyectos para garantizar la gestión de los residuos sólidos urbanos en forma ambientalmente adecuada”. Según establece la norma, los productos y sus envases contarán con un símbolo que los acredite como aprobados por la autoridad de aplicación. Desde Greenpeace, si bien rescatan que se avanzó en el concepto de “responsabilidad del que produce basura” (el que coloca envases en el mercado debe hacerse cargo de ellos), cuestionan la forma en que se intenta implementar. “La producción de envases excede a la ciudad de Buenos Aires y su control debería hacerse desde el Estado nacional”, dice Juan Carlos Villalonga, dirigente de la organización ambientalista. “Si una empresa produce envases en Capital pero los vende en el interior ¿por que la ciudad recaudaría por toda la producción?”, se preguntó. Para el responsable de Greenpeace, lo prioritario en materia de residuos es “la separación en origen, la recolección diferenciada y una adecuada clasificación de reciclables en los centros verdes”. “Casi el 50 por ciento de la basura es orgánica y el 30 por ciento es fácilmente reciclable. Entonces sólo quedaría el 20 por ciento restante, que son materiales de difícil recuperación, como los electrónicos, por ejemplo. Sobre ésos recién habría que aplicar la contribución.” “Hacerlo ahora –concluyó– es como ponerle una cereza a una torta que no existe.”

Los residuos y la vieja política Por Juan Manuel Velasco * Durante la campaña, el actual jefe de Gobierno, Mauricio Macri, planteó entre sus propuestas la continuidad de la política de Basura Cero en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Volvió a ratificar este compromiso en varias oportunidades una vez que asumió el gobierno. Quienes militamos por una política verde vimos con esperanza la posibilidad de que se diera continuidad a una política que diferencia positivamente a Buenos Aires de otras ciudades del mundo y que, además, tiene una fuerte adhesión en la población, tanto en su formulación como en los primeros pasos de su implementación.

Sin embargo, cada vez con más frecuencia nos vemos más decepcionados por las actitudes y expresiones de sus funcionarios, que no son coherentes con esa promesa electoral y de gobierno. Hace unos días, uno de estos funcionarios criticó la ley de basura cero porque prohibía la incineración, mostrando un evidente desconocimiento de la ley y una manifiesta intención de hacer lobby a favor de un sector empresarial que está perdiendo posiciones en todo el mundo en la medida en que las naciones más desarrolladas deben asumir compromisos cada vez más estrictos con la protección del ambiente, producto de la presión y el aumento de la conciencia de su ciudadanía. Para refutar esos argumentos falaces, hacemos las siguientes consideraciones:

a. El costo ambiental de la incineración es terriblemente alto, pues los incineradores utilizan como combustible primario combustibles fósiles, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero.

b. El costo de plantas incineradoras es mucho mayor que el de muchas otras alternativas de reciclado de residuos tanto secos como húmedos, ya que los filtros y controles necesarios para que no emitan gases nocivos para la salud son de extrema complejidad y rigurosidad.

c. Desalienta el proceso de separación en origen, pues los materiales que más poder calórico tienen son los residuos secos (papel, cartón, plástico, por ejemplo), desperdiciando la posibilidad de reusar y reciclar, tal como lo proponen todas las recomendaciones internacionales en la materia. Por eso es que la Ley Basura Cero no prohíbe totalmente la incineración y permite considerar la evaluación de este sistema una vez que se haya alcanzado la meta de reducir el envío a relleno sanitario del 75 por ciento de los residuos recolectados en la ciudad.

Uno de los argumentos “incineratorios” es que desde su sanción en diciembre de 2005 no se redujeron las cantidades de residuos enviadas al Ceamse.

a. La ley comenzó a ser operativa recién en mayo de 2007, cuando fue reglamentada por decreto del entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman. Es importante recordarles a los funcionarios la necesidad de distinguir entre la vigencia y la operatividad de la ley. La ley Basura Cero recién cumplió un año de operatividad en mayo de este año.

b. No se puede evaluar el éxito o fracaso de una política de largo plazo con menos de un año de implementación, y menos tratándose de una ley que propone metas y políticas para las próximas décadas y que fue aprobada por unanimidad por una Legislatura donde el actual partido gobernante era la fuerza política con mayor número de diputados.

c. Las estadísticas del Ceamse muestran que la cantidad de residuos producidos aumenta con el incremento del consumo. Desde 1990, el año que más residuos se produjeron fue en 1999 (1.977.252 toneladas anuales). Comienza a caer en el 2000 hasta llegar a las 1.421.842 toneladas anuales en el 2003 y empieza a recuperarse en el 2004, alcanzando 1.645.368 toneladas anuales en el 2007. Podrían describirse los últimos años de la situación económica del país a partir de la producción de residuos. Si observamos la gestión Macri, la producción de residuos de la ciudad viene avanzando a un ritmo mayor que los años anteriores. En enero, 12.000 toneladas más que el año pasado, en febrero 21.000 toneladas más, en marzo 15.000 toneladas más, y en abril 24.000 toneladas más. Entre el 2006 y el 2007, el incremento total de la cantidad de residuos fue de 108.916 toneladas; mientras que sólo en el primer cuatrimestre de este año la cifra de incremento ya alcanza las 72.000 toneladas. Por lo tanto, la proyección de incremento para el 2008 rondará las 216.000 toneladas, si el gobierno actual no empieza a poner en práctica alguna política coherente con la Ley de Basura Cero.

Nueva política significa cambio de prácticas y no inexperiencia e ignorancia de los asuntos de los que se es responsable en la función pública. Vieja política es defender intereses sectoriales o corporativos desde los cargos públicos donde se debe defender el interés general.

* Ex ministro de Medio Ambiente; portavoz de Partido Iniciativa Verde.